WASHINGTON (AP) — La Oficina Legislativa de Asuntos Presupuestarios dijo el martes que el proyecto de reforma migratoria debatido en el Senado reduciría el déficit público estadounidense en 197.000 millones de dólares durante los próximos 10 años y en 700.000 millones la década siguiente.
Esa oficina legislativa, CBO por sus siglas en inglés, también calculó que el proyecto de reforma inmigratoria del Senado daría la legalidad a 8 millones de los 11 millones de inmigrantes que residen actualmente en Estados Unidos sin la debida documentación.
Dos de los ocho autores de proyecto de ley, los senadores Chuck Schumer (demócrata por Nueva York) y Marco Rubio (republicano por Florida) coincidieron con la Casa Blanca en expresar su regocijo por las conclusiones de CBO.
El reporte fue difundido durante una jornada que tuvo a la reforma migratoria como protagonista en la capital estadounidense.
Mientras el Senado rechazó el martes dos enmiendas republicanas al proyecto de ley de reforma migratoria que buscaban aumentar los requisitos de seguridad fronteriza antes de que los inmigrantes sin papeles puedan gestionar su legalización, una importante comisión de la cámara de representantes se disponía a emitir su primer voto del año en política migratoria.
Una propuesta que buscaba exigir la construcción de 700 millas de cerca fronteriza reforzada fue rechazada con votación 39-54 y otra que perseguía la implementación de un sistema de identificación biométrico en todos los puertos de entrada del país fue rechazada con votación de 36-58.
Una tercera enmienda para incluir a los gobiernos de tribus indígenas en una comisión que crearía el proyecto de ley para emitir recomendaciones sobre política fronteriza fue adoptada con votación 94-0, y otra para facilitar el proceso de naturalización a niños adoptados en el extranjero fue adoptada por consentimiento unánime.
Ya el Senado había rechazado la semana pasada por 43 a 57 votos otra enmienda republicana que habría exigido al Departamento de Seguridad Nacional certificar el control efectivo de la frontera con México durante seis meses antes de que 11 millones de inmigrantes sin documentos puedan comenzar los trámites para su legalización.
Los republicanos en el Senado han criticado al proyecto de ley porque en su opinión no garantiza de manera adecuada la seguridad fronteriza antes de que comience la legalización de inmigrantes sin autorización.
El proyecto de ley condiciona a un reforzamiento de la seguridad fronteriza la opción a la naturalización de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que no tengan prontuario policial, que paguen multas por 2.000 dólares y que pasen 10 años con un estatus provisional que les permita trabajar y viajar al extranjero.
Los republicanos John Hoeven (Dakota del Norte) y Bob Corker (Tenesí) actualmente trabajan con los ocho autores del proyecto de ley para negociar una enmienda —aceptable a los demócratas— que aumente la seguridad fronteriza antes de que los inmigrantes sin papeles puedan tramitar su legalización.
Hoeven dijo que su propuesta busca fijar especificar el equipo y la tecnología que la Patrulla Fronteriza necesitaría para detener el 90% de los inmigrantes que intentan ingresar ilegalmente a territorio estadounidense en cada uno de los nueve sectores en que está dividida la frontera con México.
La mayoría demócrata había rechazado previamente una enmienda similar ofrecida por el republicano de Texas John Cornyn, alegando que la meta del 90% de detenciones no podía ser medida de manera concreta, por lo que limitaría indefinidamente el proceso de legalización de inmigrantes sin papeles.
El jefe de la bancada mayoritaria en el Senado, el demócrata por Nevada Harry Reid, exhortó el martes a los senadores a lograr acuerdos rápidamente para alcanzar su meta de aprobar la reforma migratoria antes del 4 de julio.
"No estoy diciéndole a nadie qué hacer, solo que lo hagan lo antes posible", dijo en el pleno. "El proximo fin de semana posiblemente no sea un fin de semana normal cuando regresamos a nuestros lugares de origen. Tenemos que avanzar con esta legislación".
La actividad de ambas cámaras en el tema migratorio demuestra no solo diferentes enfoques, sino los obstáculos que enfrenta la legislación para que llegue al despacho del presidente Barack Obama para su promulgación.
A diferencia del enfoque integral que ha asumido el Senado, en la cámara baja solo se han presentado proyectos de ley separados, y la mayoría coinciden en un énfasis restrictivo a la inmigración ilegal.
El presidente de la cámara baja, el republicano por Ohio John Boehner, dijo el martes que la reforma migratoria solo puede prosperar si cuenta con el apoyo mayoritario de ambas bancadas, lo cual representa un obstáculo considerable ya que a comienzos de mes la cámara baja decidió con votación 224-201 rechazar la política del presidente Barack Obama de poner fin a la deportación de cientos de miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin permiso cuando eran niños y conocidos como "Dreamers".
"Cualquier proyecto de ley de reforma migratoria que vaya a convertirse en ley necesita tener un apoyo de la mayoría de ambos partidos si somos realmente serios sobre lograrlo. Y no veo cómo traer un proyecto de ley migratoria al pleno que no tenga el apoyo de la mayoría de los republicanos", dijo a reporteros.
El representante demócrata por Illinois Luis Gutiérrez anunció en conferencia de prensa que los 25 legisladores hispanos en la bancada demócrata se reunirán el miércoles con Boehner para explorar las posibilidades de éxito de la reforma migratoria, y criticó que el jefe de la bancada republicana exija tener la mayoría de ambos partidos.
"Deberíamos dejar a la mayoría en la cámara de representantes, que representa a la mayoría de votantes y estadounidenses en esta nación, exprese su voluntad", dijo en conferencia de prensa. "No imponga una regla, no imponga algo que no permita a la cámara de representantes expresar su voluntad".
Gutiérrez dijo que le pedirán a Boehner apoyar el proyecto de ley que un grupo de siete legisladores bipartidistas —incluyendo a Gutiérrez— ha negociado a puertas cerradas de manera interrumpida desde 2009, y que aún no ha presentado públicamente.
Entretanto, la comisión judicial de la cámara baja sometía el martes a votación un proyecto de ley específico para reforzar medidas policiales contra los inmigrantes, el cual ha desatado fuertes protestas entre los demócratas y los defensores de los inmigrantes.
Manifestantes interrumpieron la sesión de la comisión judicial con gritos para expresar su rechazo a la legislación, que permite a las autoridades locales aplicar las leyes federales migratorias y tipifica el fraude de visas como un crimen que justifica la deportación.
El representante Trey Gowdy, republicano por Carolina del Sur, dijo que la medida propuesta busca asegurarse de que se cumplan las leyes de inmigración y prometen una seguridad real. Acusó al gobierno de Barack Obama de desestimar estos asuntos.
La representante demócrata por California Zoe Lofgren indicó que "este proyecto de ley debe ser rechazado, convertiría a millones de inmigrantes indocumentados en criminales de la noche a la mañana" y pronosticó que de convertirse en ley generaría protestas callejeras masivas como las ocurridas después de que la cámara baja aprobara una medida similar en 2006.
Obama ha expresado varias veces su expectativa de que el Congreso apruebe la reforma migratoria antes de su receso veraniego previsto el 2 de agosto.