Por Carlos Rajo
La próxima vez que la policía o el sheriff de alguna ciudad o condado en el país reciba una petición de “la migra” (el ICE su nombre oficial por sus siglas en inglés) de detener por tiempo adicional a alguien que ya está en prisión debido a que el gobierno piensa que es indocumentado, esa policía o ese sheriff no estarán obligados a obedecer.
Si la persona no tiene otros problemas con la ley, la simple sospecha de que es indocumentado o de que está en una situación migratoria irregular no obliga a las autoridades locales a detenerlo. Si así lo desean, lo podrán poner en libertad.
Esta es la consecuencia de una sentencia de una Corte Federal de Apelaciones que decidió que la idea que se tenía de que esas “peticiones” del ICE eran órdenes y que las ciudades y condados no tenían otra alternativa más que detener a la persona para que eventualmente quedara en manos de las autoridades migratorias y en la gran mayoría de las veces se le deportara, es inconstitucional.
No es que esas ciudades y condados no podrán detener a una persona cuando reciben la petición del ICE, es simplemente que no estarán obligados a hacerlo. Queda a su discreción, con el riesgo de que si lo detienen y da la casualidad de que la persona es ciudadano estadounidense, corren el riesgo de ser responsables por la demanda que este individuo pueda luego poner contra ellos por detención sin justa causa.
Así es como se inició este caso que ha sentenciado la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito en Filadelfia. Un día se detuvo a un sujeto y el cual como es frecuente hoy con el ICE, debido a que parecía, caminaba y hablaba como latino, se pidió a las autoridades locales que lo detuvieran tiempo adicional después de que había quedado libre por el problema inicial por el cual llegó a la cárcel. Sucede que el sujeto era ciudadano estadounidense. Eventualmente quedo libre sí, pero después demandó a quienes lo tuvieron preso por ese tiempo extra y hoy la Corte le da la razón en su demanda.
La decisión de la Corte federal en este caso particular puede tener profundas consecuencias en el mundo de inmigración ya que de esos cientos de miles de deportados que hay cada año, muchos de ellos llegaron a la cárcel por cualquier cosa menor (una luz quebrada en el carro, pasarse un semáforo, una disputa doméstica, etc.).
Una vez en la cárcel las autoridades locales informaban al ICE o este se daba cuenta de alguna manera de la presencia de esa persona tras las rejas y es cuando se hacía la hoy famosa “petición” para que lo detuvieran unos días más en tanto el ICE supuestamente investiga su estado migratorio. A excepción de algunas ciudades, en general en el resto del país se le hacía caso al ICE ya que se suponía que esa “petición” era una orden que a fuerza había que obedecer. El resultado por supuesto, ha sido que mucha gente ha sido deportada.
A partir de hoy, esa ciudad o condado puede simplemente decirle no al ICE y liberar a esa persona. En lugares como California ya se practica una versión de esto: sólo se le hace caso al ICE si la persona ha sido condenada por ciertos delitos.
Que quede claro, no es que si un indocumentado es metido a la cárcel tiene asegurado que nunca sabrán de su estado migratorio y que por tanto el ICE nunca le pondrá las manos encima. No, lo único que pasará es que esa autoridad local que lo detuvo y la cual antes pensaba que estaba obligada a responder a la “petición” del ICE de detener a la persona por tiempo adicional, hoy tiene la potestad de simplemente ignorar la petición, precisamente porque es eso, tanto solo una petición, nunca una orden.
Dependerá por supuesto de cada ciudad o condado de cómo se implementa esta sentencia de la Corte de Apelaciones. De seguro que en lugares como el condado donde reina el Sheriff Joe Arpaio, con gusto se obedecerán las peticiones del ICE de detener a los que parecen indocumentados. En otros sitios se podrá seguir el ejemplo de California. El riesgo que se corre de hacerle caso al ICE es que esa ciudad o condado pueda en el futuro ser objeto de una demanda -como la del juicio que dio lugar a la sentencia- por haber detenido por tiempo extra y sin causa legal a alguien que era ciudadano estadounidense.
El caso todo puede parecer pequeño o más punto legal que otra cosa en el contexto del inmenso mundo de inmigración con sus cientos de miles deportados y el drama humano que esto genera, y con el estancamiento con la ley de reforma migratoria. Con todo, es un avance importante en la idea de reducir al mínimo o sólo en casos especiales -como en California- la colaboración en asuntos migratorios entre las autoridades locales y el gobierno federal vía el ICE.