Por Orlando Matos
La Habana, 29 de marzo.- Cuba hace otra vez un guiño al empresariado internacional con la aprobación este sábado por el Parlamento de una nueva ley para la inversión extranjera.
Aunque los pormenores de la legislación no son aún de dominio público, de los trascendidos mediáticos del anteproyecto se puede aventurar un perfil de lo por venir en la materia.
Resurge la interrogante de si serán suficientes los incentivos que propone la norma, fundamentalmente en la exención de impuestos a las utilidades y en general la mayor flexibilidad fiscal, para seducir a los hombres de negocio foráneos.
Sobre todo porque éstos son conscientes de los obstáculos que interponen la desconexión del país del mayor mercado mundial – el estadounidense, obviamente- y su bajo nivel de crecimiento anual, de 2,5% entre el 2009 y 2013.
Uno de los capítulos más interesantes de la ley es que todas las modalidades de la inversión extranjera, todos los nacionales extranjeros –incluidos estadounidenses y cubanoamericanos- tienen las puertas abiertas en la isla y como asignaturas pendientes queda contemplar a sus propios ciudadanos, si tuvieran el capital, y la contratación directa de los empleados, que seguirá bajo control gubernamental.
Entre otros atractivos aparecen la exención de impuestos sobre utilidades por ocho años, prorrogables, y una tasa especial del 15% en este apartado, así como por completo en el caso de los ingresos personales y del uso de la fuerza de trabajo.
En el caso de la explotación de recursos naturales tales como minería, petróleo y otros, los inversionistas del exterior podrán tener rebajas de los impuestos de hasta 22,5%, la mitad de los hasta la fecha dispuesto.
De igual modo, el gobierno promete que se agilizarán las negociaciones con el capital extranjero, tanto las que corren a cargo de los ministerios como las que son facultad del más alto nivel estatal y gubernamental.
La nueva legislación se abre a todos los sectores productivos y de servicios, con excepción de la salud, la educación y el ejército, aunque las empresas de este pueden recibir socios extranjeros.
No obstante, las autoridades aclaran que el país no está en venta, y hasta el momento no se habla de privatizaciones pero, junto a la declaración política dirigida a lo interno, el pase de sombrero vuelve a prever hasta empresas completamente foráneas.
El énfasis – dentro de un portafolio concreto de proyectos de negocios que dicen darán a conocer próximamente- se dirige a sectores como el agroalimentario, necesitado de no menos de 800 millones de dólares anuales de inversión; el biotecnológico, con productos únicos en el mundo; y la explotación de recursos naturales.
Añaden el turismo, las energías renovables y la construcción, además del puerto de contenedores y zona especial de desarrollo del Mariel, que exhibe ventajas impositivas y arancelarias incluso mayores que las de la nueva ley.
Así, pues, no es noticia la aprobación de la ley, que desde el año pasado estaba anunciada por el gobierno por imperativos de la crisis económica y por el bajo nivel de involucramiento externo.
Fuentes oficiales revelaron en julio pasado que en estos momentos existen unos 190 negocios con capital extranjero, con alrededor de 4.000 millones de dólares de compromiso de inversión.
El recorte de las empresas mixtas y los contratos de asociación ha tenido diversas explicaciones por el gobierno, pero de cualquier modo ha fijado un negativo precedente allende estas fronteras.
La novedad entonces será cómo acoja la comunidad empresarial internacional la nueva invitación, que se revela en un entorno jurídico y gubernamental muy similar al de los antecedentes de los años 80 y 90 del siglo pasado.